El Diputado Mansilla y su mensaje al flamante Ministro de Seguridad sanluiseño
El área de Seguridad en la provincia de San Luis está llena de agujeros negros: escalada de delitos, inseguridad en los barrios, represión a los sectores populares y muertes violentas en destacamentos policiales de la provincia. Esta grave realidad dejó expuesta la figura del gobernador Alberto Rodríguez Saá y la cúpula del ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto de la provincia de San Luis.
No le quedó otra alternativa a El Alberto que retocar una desilachada fachada del elenco gubernamental para la ejecución de las políticas de Estado en estos próximos años de gestión. Es así que reformó la Ley de Ministerios para crear un Ministerio de Seguridad por separado. En ese contexto, entra en funciones Luciano Anastasi a cargo de la cuestionada área de Seguridad.
Al respecto, el diputado provincial del bloque Libres del Sur, Joaquín Mansilla, desarrolló una carta abierta al flamante ministro de Seguridad de El Alberto:
CARTA ABIERTA AL NUEVO MINISTRO DE SEGURIDAD:
EL GOBIERNO PROVINCIAL TIENE QUE FRENAR LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de San Luis, Luciano Anastasi:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en su carácter de flamante Ministro de Seguridad de la Provincia de San Luis a fin de compartirle nuestra mirada respecto de lo que está ocurriendo en San Luis.
En el marco
de la pandemia que atravesamos actualmente, se han desarrollado una
gran cantidad de hechos de violencia institucional por parte de las
distintas fuerzas de seguridad. Según un reciente informe de la
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI),
desde la vigencia del DNU 297/2020 (del 20 de marzo al 6 de agosto), se
registraron 92 muertes de personas a manos de integrantes de las fuerzas
estatales. Y nuestra provincia, lejos de ser una excepción, cuenta con 6
de esas víctimas entre las que se encuentran Franco Velázquez, Jonathan
Suárez, Nicolás Alberto Aballay, Hipólito Ochoa. Florencia Magalí
Morales y Franco Gastón Maranguello. Estos dos últimos casos,
tristemente célebres por tratarse de muertes violentas dentro de
comisarías de la Policía Provincial, que está ahora bajo su mando.
También es alarmante la cantidad creciente de hechos de inseguridad
ocurridos en los últimos meses en nuestra provincia. Incluídos entre
ellos, casos de amedrentamiento y abusos de autoridad cometidos por
policías de uniforme o de civil contra personas que circulan por las
calles de San Luis.
En plena democracia del siglo XXI es inadmisible que dentro de la policía que debería cuidar al pueblo, se propaguen las prácticas violentas, represivas y asesinas de la época de la dictadura de Videla y Massera. Y no se trata de ser utópicos, pidiendo imposibles. Hablamos de la realidad y, conociendo la calle y los barrios, nos animamos a exigir algo muy real. Queremos que la Policía no torture, no abuse de su poder y, por sobre todo, que no nos mate. La muertes de Florencia y Franco estando en manos de la policía, y estando cada vez más oscuras las circunstancias en que ocurrieron, no sólo tienen que representar una urgencia para su Ministerio a fin de ser esclarecidas. Deben ser un llamado de atención ineludible para que no sucedan nunca más.
Es por ello que, mediante esta carta, deseo poder llamar a la reflexión sobre este tipo de casos, con el objetivo de que el Poder Ejecutivo Provincial tome cartas en el asunto y lleve adelante con celeridad políticas efectivas para la erradicación de este tipo de comportamientos en las fuerzas de seguridad provinciales. De no hacerlo, indefectiblemente seguiremos teniendo más casos como los de Magalí y Franco. No alcanza con separar de la fuerza a los agentes que cometen este tipo de abusos y crímenes, sino que debe desarrollarse una serie de estructuras formativas para que nuestras fuerzas de seguridad actúen desde un enfoque de respeto a los derechos humanos.
Ya en el año 2009, desde Libres del Sur y en conjunto con decenas de fuerzas políticas, suscribimos el Acuerdo por una Seguridad Democrática propiciado por organismos de Derechos Humanos y por el CELS. Allí, entre otras propuestas, visibilizamos la necesidad de:
-
Recuperar el funcionamiento de los órganos de gobierno y control civil
de la gestión de la seguridad, especialmente los vinculados al control
disciplinario, producción de información, gestión de emergencias
(Sistema 911) y de evaluación operativa de la fuerza policial.
- Retomar la orientación hacia la especialización, modernización
funcional y descentralización de la gestión policial bajo la dirección
de la autoridad civil del Ministerio de Seguridad. Terminar con el
autogobierno policial.
- Recuperar y profundizar los mecanismos de participación
comunitaria en el diagnóstico, planificación y control de gestión de la
seguridad pública establecidos por la ley 12.154.
- Frenar las modificaciones legislativas orientadas a
criminalizar la pobreza, la protesta social y la estigmatización de
jóvenes y niños en situación de riesgo.
- Ejercer estricto control sobre las facultades policiales de detención y tratamiento de detenidos en dependencias policiales.
- Promover una profunda reforma y reestructuración del Servicio
Penitenciario Provincial y del sistema carcelario que incluya mecanismos
de control interno y controles externos ejercidos por autoridades
civiles.
- Implementar el riguroso cumplimiento de los Principios de
Tratamiento de personas Privadas de su libertad y del Protocolo
Facultativo de la Convención Contra la Tortura de O.N.U.
- Promover la creación de un Observatorio Provincial del Delito y la Violencia e impulsar su extensión a los municipios.
Está claro que es el Gobierno Provincial quien tiene que frenarla violencia institucional. Pero además de implementar medidas como las mencionadas, creemos que una profunda política de seguridad democrática debe desarrollarse a partir un diálogo de todo el arco político de la provincia, que debe ser convocado por las autoridades competentes, para acercar sus propuestas e ideas para avanzar en el camino de tener fuerzas de seguridad que lejos de repetir prácticas mafiosas y delictivas, estén al servicio del pueblo y de las necesidades de un estado de derecho moderno.
Desde ya, y con ánimos de aportar desde la representación institucional que me ha conferido el pueblo de San Luis, lo saluda atentamente.
Cfo. Pub. Joaquín Mansilla
Diputado Libres del Sur.
Fuente: biencuyano.com.ar
